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Defensoría de Derechos Humanos rechaza interponer recurso contra la ley que privatiza el líquido potable en Querétaro

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Jun 21, 2022

Defensoría de Derechos Humanos rechaza interponer recurso contra la ley que privatiza el líquido potable en Querétaro

Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2022, p. 29

Querétaro, Qro., A pesar de que integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida se plantaron durante siete horas este lunes, afuera de las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), en espera de que interpusiera una acción de inconstitucionalidad por la ley que permite privatizar el servicio del agua potable en la entidad, esa instancia determinó que no encontró violación alguna a los derechos humanos para iniciar el recurso legal. Ayer venció el plazo para solicitarlo.

Este lunes, en un comunicado, la DDHQ informó que integró una mesa de trabajo junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que tras realizar un análisis a la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano, concluyó que no se detecta una violación a los derechos humanos.

Activistas realizan plantón de 7 horas

Durante la protesta de más de siete horas, las activistas colocaron letreros afuera de la sede de la DDHQ y exigieron la intervención del titular, Javier Rascado Pérez (ex trabajador del gobierno estatal), pero no las atendió.

El pasado viernes alrededor de 500 personas se volvieron a manifestar contra ese mandato al que han denominado ley de concesiones, y desde su aprobación el 19 de mayo pasado, habitantes, organizaciones, colectivos, estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Querétaro en distintas ocasiones han emprendido campañas a través de en redes sociales y en espacios físicos para solicitar su revocación, sin obtener respuesta.

Los inconformes buscaban que la CNDH, la DDHQ y la legislatura local interpusiera la acción de inconstitucionalidad por considerar que la nueva ley de concesiones contraviene aspectos que le compete al gobierno federal y no respeta artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el derecho al acceso al agua, por eso solicitaban que interviniera la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evaluara el caso.

Fuente: La Jornada

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